TAREA NUMERO 2- TERCER PARCIAL.

SISTEMA AGRARIO DE VERACRUZ.

Con la promulgación de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915 realizada por Venustiano Carranza, el puerto de Veracruz se convirtió en la cuna de la Reforma Agraria, que habría de impulsarse como uno de los resultados derivados de la Revolución Mexicana. El espíritu agrario de esta ley, fue retomado y plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

En dicha norma se asentó que la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de dictar medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, el desarrollo de la pequeña propiedad y la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas indispensables.

PRIMER FASE.

Al concluir el movimiento revolucionario e iniciarse el proceso de reconstrucción nacional en 1917, el escenario agrario veracruzano no se diferenciaba en mucho de la situación que guardaba el resto de los estados de la República. El campo estaba dominado por latifundios agrícolas y ganaderos pertenecientes a pocas familias, frente a la multitud de trabajadores agrícolas y campesinos que vivían en pobreza extrema. La explotación de los jornaleros era constante y muchos pueblos fueron despojados de sus tierras y aguas durante la aplicación de la ley de Desamortización civil en la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX.

Gran parte de las tierras de los pueblos pasaron a aumentar las extensiones de antiguas haciendas o bien fueron el núcleo para la formación de nuevas. En 1907, el gobierno estatal hizo un inventario de haciendas. En ese año se registraron 355 propiedades distribuidas a lo largo y ancho de Veracruz. Aproximadamente el 50% de esas grandes propiedades se localizaban en ocho de los dieciocho cantones que comprendían la división político administrativa del estado.

En la porción de montañosa central de la entidad, en los cantones de Misantla y Jalacingo, había 51 haciendas; en el cantón de Córdoba se registraron 41 haciendas y en la zona del puerto de Veracruz había 40. Hacia el sur de Veracruz, en el cantón de Minatitlán, se identificaron 28 y en la cuenca del río Papaloapan que se corresponde con lo que fue el cantón de Cosamaloapan, había 27. Hacia el norte, en los cantones de Tantoyuca y Chicontepec, sumaron 45.

Muchas de estas grandes propiedades se formaron a partir del despojo de las tierras de los pueblos bajo el amparo de la legislación desamortizadora. Situación que ayuda a comprender por qué antes de que se promulgara la Ley Agraria de 6 de Enero, diversos pueblos de Veracruz solicitaron la restitución de las tierras que habían perdido durante el proceso de desamortización y empezaron a exigir la dotación agraria.

Esta temprana demanda, se relaciona con el impulso agrario de Cándido Aguilar, uno de los líderes revolucionarios en Veracruz, cuya estrategia militar durante el movimiento armado no excluyó la vía política al actuar hacia dos vertientes que le allegaran el apoyo popular. Con tal fin, el 13 de octubre de 1914 emitió el decreto número 11 sobre reparto agrario y formó una comisión agraria para conocer las características que guardaban las propiedades privadas y valorar su situación, realizar deslindes, decidir sobre la distribución de tierras públicas, evaluar la situación de los peones y realizar un inventario de los recursos naturales de la entidad.

SEGUNDA FASE.

Cuando Adalberto Tejeda asumió la gubernatura de Veracruz (1920-1924), gran parte de su programa apuntó hacia la cuestión agraria. Con tal fin invitó a los principales promotores del Partido Comunista encabezado por Úrsulo Galván, José Cardel, Manuel Almanza, Manuel Díaz Ramírez, Sóstenes Blanco y Herón Proal, activos organizadores de los campesinos, para formar la Liga de Comunidades Agrarias (LCA). En el acta constitutiva de marzo de 1923, se asentó que la LCA lucharía por el mejoramiento y la defensa de los núcleos de población campesina y apoyaría con toda la fuerza a cualquier grupo de población que sufriera violación de los derechos otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La actividad agrarista de la liga apoyada por la firme convicción de Tejeda, inevitablemente condujo a fuertes enfrentamientos con las fuerzas de la reacción que desembocaron en el asesinato de José Cardel, Juan Rodríguez Clara, José Fernández Oca y los campesinos Feliciano Ceballos, Guillermo Lira y Antonio Ballesco.

De 1920 a 1924, lapso que comprende el primer periodo de gobierno de Adalberto Tejeda, se atendieron 363 peticiones agrarias, ejecutándose de manera provisional 122 que beneficiaron a 19,334 campesinos con 111,201 hectáreas dotadas. Durante el gobierno de Heriberto Jara (1924-1928), se aplicó el principio agrario de dotación ejidal derivado del artículo 27 Constitucional, resolviéndose provisionalmente, 111 solicitudes de las 281 atendidas.

Aspecto importante del agrarismo de ese momento, fue el intento de no limitarse a la formación de nuevos centros de población y a la dotación agraria. El aspecto educativo fue parte de esa revolución agrarista que se quiso impulsar, pues se tuvo la convicción de que para lograr el desarrollo del campo, era necesario proporcionar una educación agrícola y pecuaria. Con tal fin se creó la Escuela de Agricultura que en 1924 fue ubicada en Banderilla y se le llamó Escuela Granja.

Entre 1928 y 1932, Adalberto Tejeda asumió un segundo período de gobierno al frente de Veracruz. Tarea fundamental en esta etapa, fue la ampliación y fortalecimiento de la actividad agrarista. En esta ocasión reforzó la capacidad política y administrativa de la Comisión Local Agraria, instancia constitucional que fue fundamental por su apego a la legislación federal. Además, siguiendo la tradición jurídica veracruzana en materia agraria, reformó la ley 297 de Arrendamiento forzoso expedida por Heriberto Jara en 1926.

El espíritu de la norma fue permitir al campesinado solicitar en arriendo, hasta seis hectáreas de riego y 15 de temporal, de aquellas tierras que no estuvieran cultivadas, las cuales quedarían a disposición de los ayuntamientos y podrían, después de un año, solicitarse en dotación agraria.

Una segunda ley fue la 269 para la Creación y fomento de la pequeña propiedad de agosto de 1931. Su importancia radica en el hecho jurídico de poderse declarar de utilidad pública, aquellas extensiones mayores a 200 hectáreas y darlas en venta a campesinos rentistas y peones acasillados. Su aplicación desembocó en la formación de algunas colonias que posteriormente se transformaron en ejidos.

TERCERA FASE.

Durante el lapso que comprende de los años de 1932 a 1944, el poder ejecutivo en Veracruz correspondió a tres gobernadores: Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936), Miguel Alemán Valdés (1936-1940) y Jorge Cerdán (1940-1944). Éste fue un período de enconadas luchas agrarias, especialmente en el centro de la entidad veracruzana, sobre todo porque mientras la organización campesina continuaba creciendo con la participación decidida y comprometida de la Liga de Comunidades Agrarias, los propietarios se organizaron para tratar de frenar la acción agraria que ahora provenía directamente del gobierno federal.

En 1934, siendo presidente de la República Abelardo L. Rodríguez, se reformó el artículo 27 de la Constitución de la República.

El cambió contempló, entre otros aspectos, la creación de una dependencia federal que sería la encargada de aplicar las leyes agrarias y su ejecución, creándose, para tal fin, el Departamento Agrario dependiente del ejecutivo federal. Ese mismo año se publicó el Código Agrario mediante el cual se sistematizó la doctrina agraria que consolidó la reforma y auspició la organización campesina.

Entre 1932 y 1934, se repartieron 586,338 hectáreas que beneficiaron a 87,396 campesinos, siendo el promedio de las parcelas entregadas de 6.7 hectáreas. El segundo momento se dio entre 1935-1940. En ese lapso se afectaron 1,083,040 hectáreas que fueron entregadas en ejido a 141,540 campesinos, siendo el promedio de la parcela de 7.5 hectáreas. En ambos casos, la mayor parte de los terrenos dotados fueron de temporal.

La ley en materia agraria limitaba la pequeña propiedad a 50 hectáreas, y en ese año se reportó que el número de predios de entre 1 y 50 hectáreas era de 27,058, comprendiendo una superficie 497,382 hectáreas. Es decir, había una constelación de pequeños propietarios que en promedio les correspondería 18 hectáreas. Sin embargo, en la estructura piramidal los menos tenían más.

CUARTA FASE.

Durante los años comprendidos entre 1940 a 1962, lapso en el que estuvieron al frente del ejecutivo estatal Jorge Cerdán (1940-1944), Adolfo Ruiz Cortines (1944-1950), Ángel Carvajal (1948-1950), Marco Antonio Muños T. (1950-1956) y Antonio M. Quirasco (1956-1962), se puso más atención al fomento agrícola y ganadero empresarial. Si bien continuó el reparto agrario, éste se hizo a ritmo un muybajo y tuvo como finalidad reducir la movilización campesina en demanda de tierra.

En la dimensión nacional, la economía creció y la producción de alimentos llegó a estar por arriba del crecimiento demográfico, observándose una reducción en la pobreza alimentaria, pues se ubicó por debajo del 50%. Sin embargo, esa situación no se reflejó en el desarrollo social y económico del país, cuyo crecimiento desequilibrado redujo la movilidad y el nivel socioeconómico de la población, sobre todo en el campo, pasando del 65% en 1940 al 49% en 1960.

Al arribar la década de 1970, la marginación económica y social de un crecido número de poblaciones rurales, sumada a la reducción de la capacidad alimentaria, fueron componentes propicios para que en diversos estados de la República se dieran movilizaciones campesinas exigiendo reparto agrario, así como créditos e inversiones en infraestructura. Desde luego Veracruz no fue la excepción.

En 1970, el 67% de los habitantes de Veracruz vivían en zonas rurales, comprendiendo más del 70% de los municipios, y el 64% de la población estaba dedicada a la agricultura. La propiedad de la tierra comprendía una superficie de 5,282,359 hectáreas. El 54.6% era de propiedad privada y el 45.4% de ejidal y comunitaria. En la orientación productiva resalta la ganadería con el 48.6% de las tierras dedicadas a esta actividad; el 27.1% se ocupaba en labores agrícolas y el 24.3% fueron registradas como bosques y terrenos sin explotar. Los contrastes son marcados en el terreno de la estructura agraria, pues el 73.2% de las propiedad ganadera era propiedad privada con carácter extensivo, en tanto que la ejidal cubría el restante 26.8% en predios inferiores a 8 hectáreas. Por cuanto hace a la propiedad agrícola, el 71.5% estaba bajo el régimen ejidal y comunitario, y las unidades de producción iban desde 1 hasta 8 hectáreas por grupo familiar. El resto, 28.5% era de propiedad privada y la dimensión promedio del predio era de 32 hectáreas.

QUINTA FASE

Al iniciar la década de los años ochenta, la tensión agraria fue disminuida como consecuencia de las negociaciones realizadas por el estado mexicano con organizaciones campesinas.

De entre las acciones relacionadas destacan dos: una refiere a la ampliación de la frontera agrícola al incorporar al reparto agrario tierras nacionales localizadas en diversas regiones del país que incluyeron, equivocadamente, áreas de bosque; la otra fue el diseño e implementación de programas sociales emergentes para atender zonas marginadas. Con tal fin, durante el periodo presidencial de José López Portillo se creó la Coordinación del Plan Nacional de Zonas Marginadas que se le conoció como COPLAMAR, por sus siglas. El objetivo fue canalizar el gasto social hacia programas destinado a la ampliación de la cobertura rural en materia de salud, agua entubada, caminos rurales, escuelas, electrificación, mejoramiento de la vivienda, así como almacenes de abasto y tiendas rurales. A la par se diseñaron estrategias para atender el problema de la producción de alimentos. Los programas mediante los cuales se canalizó crédito para el cultivo, especialmente de maíz y frijol, compra de fertilizantes y garantizar el precio de garantía de los productos, formaron parte de la política de apoyo a la producción campesina que se le llamó Sistema Alimentario Mexicano (SAM).

En Veracruz se realizó un programa contraparte del SAM que fue llamado Veracruz: Granero y Yunque de la Nación. En su discurso de toma de posesión como gobernador constitucional del estado el 1 de diciembre de 1980, Agustín Acosta Lagunes anunció diversos apoyos para el campo veracruzano.

Con dicho programa se pretendió elevar la producción de alimentos para el abasto nacional. Cinco fueron las acciones que se propuso realizar:

1.Impulsar la producción de azúcar mediante la construcción de sistemas de riego y caminos rurales cañeros.

2.Modernizar la producción de café.

3.Duplicar la producción de maíz y frijol.

4.Aumentar la plantación de cítricos y piña; y

5.Elevar la producción de leche.

Al concluir el SAM y el programa, el campo veracruzano volvió a confrontar múltiples y serios problemas como consecuencia del retiro de apoyos directos y subsidio a los precios de los granos básicos.

A partir de la década de los años ochenta empezó a declinar la producción de maíz y frijol, la producción de piña se vio afectada por la importación de este producto proveniente de países asiáticos y el cultivo del café se afectó seriamente por la caída internacional de su precio, situación que condujo a la quiebra de muchos pequeños productores, especialmente de aquellos cuyas plantaciones se encontraban por debajo de los 1600 m snm. Las regiones cafeticultoras de Xalapa, Coatepec, Zongolica, Córdoba, Huatusco, Jalacingo y Altotonga, tuvieron un retroceso del que aún no han podido salir.

Al iniciar la última década del siglo XX, arribó con ella el fin de la Reforma Agraria, uno de los grandes ideales de la Revolución Mexicana. Como se mencionó anteriormente, en Enero de 1992 se realizó la reforma al artículo 27 Constitucional para poner fin al reparto agrario. El impacto de esta reforma ha sido muy diferente de lo que se previó. Si bien se pensó que propiciaría un incremento de la producción al abrir la posibilidad de la asociación del ejido con el capital, la realidad ha sido otra. La reforma se realizó en un momento de crecimiento demográfico que saturó las posibilidades tradicionales del ejido para sostener a la población, razón por la cual lejos de convertirse en detonadora del desarrollo rural, desencadenó procesos latentes como la emigración. En la mayor parte de los ejidos no se dio la inversión productiva, toda vez que son tierras marginales de baja productividad dependientes de las lluvias estacionales. En cambio, lo que sí sucedió, fue la fragmentación del ejido cuyas parcelas están cambiando al régimen de propiedad privada y se sustraen a la producción de alimentos; sobre todo en las áreas adyacentes y cercanas a los centros metropolitanos que están ocupando el suelo con fines de vivienda o construcción de centros comerciales. Tierras que fueron aptas para el cultivo, ahora son fraccionamientos que van desde la categoría campestre hasta la de interés social.

Son muchos los lugares del territorio veracruzano donde este fenómeno está ocurriendo con inusitada rapidez; es decir, la reducción y conversión de la parcela ejidal a rango de parcela o lote individual. La venta de antiguas parcelas ejidales es ya una práctica cotidiana que se hace, generalmente, al margen de los procedimientos legales establecidos, lo que está acarreando múltiples problemas para regular la tenencia de la tierra. Si bien aún no existen estudios amplios y diversos sobre este aspecto, quienes ya se están ocupando de conocer qué está sucediendo en el escenario ejidal veracruzano, coinciden en tres aspectos centrales:

• ·     La parcelación y venta de la tierra está reforzando la motivación para emigrar hacia zonas urbanas, otras entidades de la República pero, en especial, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Paradójicamente, vender la tierra genera el recurso requerido para financiar a miembros de la familia el costo de emigrar.
• ·         Está generando una nueva reconfiguración de la propiedad agraria, pues quien posee capital está adquiriendo y acaparando, nuevamente, diversas extensiones de tierra.
• ·        Lejos de incrementar la producción agrícola, ha disminuido la producción de alimentos básicos, porque se minó sustancialmente la base de la organización del trabajo familiar que era la seguridad en la tenencia de la parcela ejidal.

Una realidad muy distinta a la planteada por los ideales de la Revolución Mexicana.