SISTEMA AGRARIO DE VERACRUZ.
Con la promulgación de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915 realizada
por Venustiano Carranza, el puerto de Veracruz se convirtió en la cuna de la
Reforma Agraria, que habría de impulsarse como uno de los resultados derivados
de la Revolución Mexicana. El espíritu agrario de esta ley, fue retomado y
plasmado en el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
En dicha norma se asentó que la Nación tiene el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de
dictar medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, el
desarrollo de la pequeña propiedad y la creación de nuevos centros de población
agrícola con tierras y aguas indispensables.
PRIMER FASE.
Al concluir el movimiento revolucionario e iniciarse el proceso de
reconstrucción nacional en 1917, el escenario agrario veracruzano no se
diferenciaba en mucho de la situación que guardaba el resto de los estados de
la República. El campo estaba dominado por latifundios agrícolas y ganaderos
pertenecientes a pocas familias, frente a la multitud de trabajadores agrícolas
y campesinos que vivían en pobreza extrema. La explotación de los jornaleros
era constante y muchos pueblos fueron despojados de sus tierras y aguas durante
la aplicación de la ley de Desamortización civil en la segunda mitad del siglo
XIX y la primera década del XX.
Gran parte de las tierras de los pueblos pasaron a aumentar las
extensiones de antiguas haciendas o bien fueron el núcleo para la formación de
nuevas. En 1907, el gobierno estatal hizo un inventario de haciendas. En ese
año se registraron 355 propiedades distribuidas a lo largo y ancho de Veracruz.
Aproximadamente el 50% de esas grandes propiedades se localizaban en ocho de
los dieciocho cantones que comprendían la división político administrativa del
estado.
En la porción de montañosa central de la entidad, en los cantones de
Misantla y Jalacingo, había 51 haciendas; en el cantón de Córdoba se
registraron 41 haciendas y en la zona del puerto de Veracruz había 40. Hacia el
sur de Veracruz, en el cantón de Minatitlán, se identificaron 28 y en la cuenca
del río Papaloapan que se corresponde con lo que fue el cantón de Cosamaloapan,
había 27. Hacia el norte, en los cantones de Tantoyuca y Chicontepec, sumaron
45.
Muchas de estas grandes propiedades se formaron a partir del despojo de
las tierras de los pueblos bajo el amparo de la legislación desamortizadora.
Situación que ayuda a comprender por qué antes de que se promulgara la Ley Agraria de 6 de Enero, diversos
pueblos de Veracruz solicitaron la restitución de las tierras que habían
perdido durante el proceso de desamortización y empezaron a exigir la dotación agraria.
Esta temprana demanda, se relaciona con el impulso agrario de Cándido Aguilar,
uno de los líderes revolucionarios en Veracruz, cuya estrategia militar durante
el movimiento armado no excluyó la vía política al actuar hacia dos vertientes que
le allegaran el apoyo popular. Con tal fin, el 13 de octubre de 1914 emitió el
decreto número 11 sobre reparto agrario y formó una comisión agraria para
conocer las características que guardaban las propiedades privadas y valorar su
situación, realizar deslindes, decidir sobre la distribución de tierras
públicas, evaluar la situación de los peones y realizar un inventario de los
recursos naturales de la entidad.
SEGUNDA FASE.
Cuando Adalberto Tejeda asumió la gubernatura de Veracruz (1920-1924), gran
parte de su programa apuntó hacia la cuestión agraria. Con tal fin invitó a los
principales promotores del Partido Comunista encabezado por Úrsulo Galván, José
Cardel, Manuel Almanza, Manuel Díaz Ramírez, Sóstenes Blanco y Herón Proal, activos
organizadores de los campesinos, para formar la Liga de Comunidades Agrarias
(LCA). En el acta constitutiva de marzo de 1923, se asentó que la LCA lucharía por
el mejoramiento y la defensa de los núcleos de población campesina y apoyaría con
toda la fuerza a cualquier grupo de población que sufriera violación de los
derechos otorgados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La actividad agrarista de la liga apoyada por la firme convicción de
Tejeda, inevitablemente condujo a fuertes enfrentamientos con las fuerzas de la
reacción que desembocaron en el asesinato de José Cardel, Juan Rodríguez Clara,
José Fernández Oca y los campesinos Feliciano Ceballos, Guillermo Lira y
Antonio Ballesco.
De 1920 a 1924, lapso que comprende el primer periodo de gobierno de Adalberto
Tejeda, se atendieron 363 peticiones agrarias, ejecutándose de manera provisional
122 que beneficiaron a 19,334 campesinos con 111,201 hectáreas dotadas. Durante
el gobierno de Heriberto Jara (1924-1928), se aplicó el principio agrario de
dotación ejidal derivado del artículo 27 Constitucional, resolviéndose provisionalmente,
111 solicitudes de las 281 atendidas.
Aspecto importante del agrarismo de ese momento, fue el intento de no
limitarse a la formación de nuevos centros de población y a la dotación
agraria. El aspecto educativo fue parte de esa revolución agrarista que se
quiso impulsar, pues se tuvo la convicción de que para lograr el desarrollo del
campo, era necesario proporcionar una educación agrícola y pecuaria. Con tal
fin se creó la Escuela de Agricultura que en 1924 fue ubicada en Banderilla y
se le llamó Escuela Granja.
Entre 1928 y 1932, Adalberto Tejeda asumió un segundo período de gobierno
al frente de Veracruz. Tarea fundamental en esta etapa, fue la ampliación y
fortalecimiento de la actividad agrarista. En esta ocasión reforzó la capacidad
política y administrativa de la Comisión Local Agraria, instancia
constitucional que fue fundamental por su apego a la legislación federal. Además,
siguiendo la tradición jurídica veracruzana en materia agraria, reformó la ley
297 de Arrendamiento forzoso expedida
por Heriberto Jara en 1926.
El espíritu de la norma fue permitir al campesinado solicitar en
arriendo, hasta seis hectáreas de riego y 15 de temporal, de aquellas tierras
que no estuvieran cultivadas, las cuales quedarían a disposición de los ayuntamientos
y podrían, después de un año, solicitarse en dotación agraria.
Una segunda ley fue la 269 para la Creación y fomento de la pequeña
propiedad de agosto de 1931. Su importancia radica en el hecho jurídico de
poderse declarar de utilidad pública, aquellas extensiones mayores a 200
hectáreas y darlas en venta a campesinos rentistas y peones acasillados. Su
aplicación desembocó en la formación de algunas colonias que posteriormente se
transformaron en ejidos.
TERCERA FASE.
Durante el lapso que comprende de los años de 1932 a 1944, el poder
ejecutivo en Veracruz correspondió a tres gobernadores: Gonzalo Vázquez Vela
(1932-1936), Miguel Alemán Valdés (1936-1940) y Jorge Cerdán (1940-1944). Éste
fue un período de enconadas luchas agrarias, especialmente en el centro de la
entidad veracruzana, sobre todo porque mientras la organización campesina
continuaba creciendo con la participación decidida y comprometida de la Liga de
Comunidades Agrarias, los propietarios se organizaron para tratar de frenar la
acción agraria que ahora provenía directamente del gobierno federal.
En 1934, siendo presidente de la República Abelardo L. Rodríguez, se reformó
el artículo 27 de la Constitución
de la República.
El cambió contempló, entre otros aspectos, la creación de una
dependencia federal que sería la encargada de aplicar las leyes agrarias y su
ejecución, creándose, para tal fin, el Departamento Agrario dependiente del
ejecutivo federal. Ese mismo año se publicó el Código Agrario mediante
el cual se sistematizó la doctrina agraria que consolidó la reforma y auspició
la organización campesina.
Entre 1932 y 1934, se
repartieron 586,338 hectáreas que beneficiaron a 87,396 campesinos, siendo el
promedio de las parcelas entregadas de 6.7 hectáreas. El segundo momento se dio
entre 1935-1940. En ese lapso se afectaron 1,083,040 hectáreas que fueron
entregadas en ejido a 141,540 campesinos, siendo el promedio de la parcela de
7.5 hectáreas. En ambos casos, la mayor parte de los terrenos dotados fueron de
temporal.
La ley en materia agraria limitaba la pequeña propiedad a 50 hectáreas,
y en ese año se reportó que el número de predios de entre 1 y 50 hectáreas era
de 27,058, comprendiendo una superficie 497,382 hectáreas. Es decir, había una
constelación de pequeños propietarios que en promedio les correspondería 18
hectáreas. Sin embargo, en la estructura piramidal los menos tenían más.
CUARTA FASE.
Durante los años comprendidos entre 1940 a 1962, lapso en el que
estuvieron al frente del ejecutivo estatal Jorge Cerdán (1940-1944), Adolfo
Ruiz Cortines (1944-1950), Ángel Carvajal (1948-1950), Marco Antonio Muños T.
(1950-1956) y Antonio M. Quirasco (1956-1962), se puso más atención al fomento
agrícola y ganadero empresarial. Si bien continuó el reparto agrario, éste se
hizo a ritmo un muybajo y tuvo como finalidad reducir la movilización campesina
en demanda de tierra.
En la dimensión nacional, la economía creció y la producción de
alimentos llegó a estar por arriba del crecimiento demográfico, observándose
una reducción en la pobreza alimentaria, pues se ubicó por debajo del 50%. Sin
embargo, esa situación no se reflejó en el desarrollo social y económico del país,
cuyo crecimiento desequilibrado redujo la movilidad y el nivel socioeconómico
de la población, sobre todo en el campo, pasando del 65% en 1940 al 49% en
1960.
Al arribar la década de 1970, la marginación económica y social de un
crecido número de poblaciones rurales, sumada a la reducción de la capacidad
alimentaria, fueron componentes propicios para que en diversos estados de la
República se dieran movilizaciones campesinas exigiendo reparto agrario, así como
créditos e inversiones en infraestructura. Desde luego Veracruz no fue la
excepción.
En 1970, el 67% de los habitantes de Veracruz vivían en zonas rurales,
comprendiendo más del 70% de los municipios, y el 64% de la población estaba
dedicada a la agricultura. La propiedad de la tierra comprendía una superficie
de 5,282,359 hectáreas. El 54.6% era de propiedad privada y el 45.4% de ejidal
y comunitaria. En la orientación productiva resalta la ganadería con el 48.6%
de las tierras dedicadas a esta actividad; el 27.1% se ocupaba en labores agrícolas
y el 24.3% fueron registradas como bosques y terrenos sin explotar. Los
contrastes son marcados en el terreno de la estructura agraria, pues el 73.2%
de las propiedad ganadera era propiedad privada con carácter extensivo, en
tanto que la ejidal cubría el restante 26.8% en predios inferiores a 8
hectáreas. Por cuanto hace a la propiedad agrícola, el 71.5% estaba bajo el
régimen ejidal y comunitario, y las unidades de producción iban desde 1 hasta 8
hectáreas por grupo familiar. El resto, 28.5% era de propiedad privada y la dimensión
promedio del predio era de 32 hectáreas.
QUINTA FASE
Al iniciar la década de los años ochenta, la tensión agraria fue
disminuida como consecuencia de las negociaciones realizadas por el estado
mexicano con organizaciones campesinas.
De entre las acciones relacionadas destacan dos: una refiere a la
ampliación de la frontera agrícola al incorporar al reparto agrario tierras nacionales
localizadas en diversas regiones del país que incluyeron, equivocadamente, áreas
de bosque; la otra fue el diseño e implementación de programas sociales emergentes
para atender zonas marginadas. Con tal fin, durante el periodo presidencial de José
López Portillo se creó la Coordinación del Plan Nacional de Zonas Marginadas que
se le conoció como COPLAMAR, por sus siglas. El objetivo fue canalizar el gasto
social hacia programas destinado a la ampliación de la cobertura rural en materia
de salud, agua entubada, caminos rurales, escuelas, electrificación, mejoramiento
de la vivienda, así como almacenes de abasto y tiendas rurales. A la par se diseñaron
estrategias para atender el problema de la producción de alimentos. Los programas
mediante los cuales se canalizó crédito para el cultivo, especialmente de maíz
y frijol, compra de fertilizantes y garantizar el precio de garantía de los
productos, formaron parte de la política de apoyo a la producción campesina que
se le llamó Sistema Alimentario Mexicano (SAM).
En Veracruz se realizó un programa contraparte del SAM que fue llamado Veracruz:
Granero y Yunque de la Nación. En su discurso de toma de posesión como
gobernador constitucional del estado el 1 de diciembre de 1980, Agustín Acosta Lagunes
anunció diversos apoyos para el campo veracruzano.
Con dicho programa se pretendió elevar la producción de alimentos para
el abasto nacional. Cinco fueron las acciones que se propuso realizar:
1.Impulsar la producción de azúcar mediante la construcción de sistemas de
riego y caminos rurales cañeros.
2.Modernizar la producción de café.
3.Duplicar la producción de maíz y frijol.
4.Aumentar la plantación de cítricos y piña; y
5.Elevar la producción de leche.
Al concluir el SAM y el programa, el campo veracruzano volvió a
confrontar múltiples y serios problemas como consecuencia del retiro de apoyos
directos y subsidio a los precios de los granos básicos.
A partir de la década de los años ochenta empezó a declinar la producción
de maíz y frijol, la producción de piña se vio afectada por la importación de
este producto proveniente de países asiáticos y el cultivo del café se afectó
seriamente por la caída internacional de su precio, situación que condujo a la
quiebra de muchos pequeños productores, especialmente de aquellos cuyas
plantaciones se encontraban por debajo de los 1600 m snm. Las regiones
cafeticultoras de Xalapa, Coatepec, Zongolica, Córdoba, Huatusco, Jalacingo y
Altotonga, tuvieron un retroceso del que aún no han podido salir.
Al iniciar la última
década del siglo XX, arribó con ella el fin de la Reforma Agraria, uno de los
grandes ideales de la Revolución Mexicana. Como se mencionó anteriormente, en Enero
de 1992 se realizó la reforma al artículo 27 Constitucional para poner fin al
reparto agrario. El impacto de esta reforma ha sido muy diferente de lo que se
previó. Si bien se pensó que propiciaría un incremento de la producción al abrir
la posibilidad de la asociación del ejido con el capital, la realidad ha sido otra.
La reforma se realizó en un momento de crecimiento demográfico que saturó las
posibilidades tradicionales del ejido para sostener a la población, razón por
la cual lejos de convertirse en detonadora del desarrollo rural, desencadenó
procesos latentes como la emigración. En la mayor parte de los ejidos no se dio
la inversión productiva, toda vez que son tierras marginales de baja
productividad dependientes de las lluvias estacionales. En cambio, lo que sí
sucedió, fue la fragmentación del ejido cuyas parcelas están cambiando al
régimen de propiedad privada y se sustraen a la producción de alimentos; sobre
todo en las áreas adyacentes y cercanas a los centros metropolitanos que están
ocupando el suelo con fines de vivienda o construcción de centros comerciales.
Tierras que fueron aptas para el cultivo, ahora son fraccionamientos que van
desde la categoría campestre hasta la de interés social.
Son muchos los lugares del territorio veracruzano donde este fenómeno
está ocurriendo con inusitada rapidez; es decir, la reducción y conversión de
la parcela ejidal a rango de parcela o lote individual. La venta de antiguas
parcelas ejidales es ya una práctica cotidiana que se hace, generalmente, al
margen de los procedimientos legales establecidos, lo que está acarreando
múltiples problemas para regular la tenencia de la tierra. Si bien aún no
existen estudios amplios y diversos sobre este aspecto, quienes ya se están
ocupando de conocer qué está sucediendo en el escenario ejidal veracruzano,
coinciden en tres aspectos centrales:
- · La parcelación y venta de la tierra está reforzando la motivación para emigrar hacia zonas urbanas, otras entidades de la República pero, en especial, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Paradójicamente, vender la tierra genera el recurso requerido para financiar a miembros de la familia el costo de emigrar.
- · Está generando una nueva reconfiguración de la propiedad agraria, pues quien posee capital está adquiriendo y acaparando, nuevamente, diversas extensiones de tierra.
- · Lejos de incrementar la producción agrícola, ha disminuido la producción de alimentos básicos, porque se minó sustancialmente la base de la organización del trabajo familiar que era la seguridad en la tenencia de la parcela ejidal.
Una realidad muy distinta a la planteada por los ideales de la
Revolución Mexicana.
